Mexicali, Baja California.– Tras una prolongada audiencia de vinculación a proceso que se extendió por más de 28 horas entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto de 2026 en el Juzgado de Control del Partido Judicial local (Causa Penal 06740/2026), un juez decretó la libertad del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, y del comandante Luis Alfonso Jacobo, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su acusación por presunta omisión en la desaparición forzada de dos ciudadanos estadounidenses.
En contraparte, el juez Fernando Serrano determinó la vinculación a proceso de tres exagentes de la corporación municipal —identificados como Kevin, Eduardo y Juan Carlos— por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa. Actualmente, Eduardo y Juan Carlos enfrentan la medida cautelar de prisión preventiva en Mexicali, en tanto que Kevin permanece recluido en el penal de El Hongo sujeto a un proceso penal paralelo por el delito de homicidio.
Contexto de los hechos y resolución judicial
Los hechos que originaron el proceso penal se remontan al pasado 3 de enero de 2023, cuando dos jóvenes salieron de un establecimiento en la zona turística de Mexicali y fueron interceptados y detenidos por elementos de la policía municipal, tras ser señalados presuntamente de pertenecer a una facción delictiva local vinculada al Cártel de Sinaloa, en una región donde se disputan las operaciones de trasiego de drogas.
Durante la exposición de su fallo, el juez Serrano argumentó que la representación social no logró establecer con claridad cuál fue la conducta específica de Mendívil García —quien también se desempeñara como exfiscal Regional de Mexicali— ni de Jacobo que propiciara la desaparición de las víctimas, además de no comprobarse la existencia de comunicación entre los altos mandos y los agentes ahora procesados.
Aclaración jurídica
A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial de Baja California precisó que la resolución emitida por el órgano jurisdiccional no constituye una declaratoria de inocencia para los exfuncionarios liberados. Dicha condición jurídica deja abierta la posibilidad de que la Fiscalía continúe integrando la indagatoria y pueda solicitar una nueva audiencia si recaba mayores y más sólidos elementos probatorios conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.